El juez Víctor Trionfetti informó al gobierno porteño el inicio de una investigación a la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad para determinar "una eventual existencia o no del delito de desobediencia", ya que luego de un fallo que ordenó la suspensión de la obra, esa agencia "autorizó de forma excepcional" la continuidad de las tareas.